Tercer Informe: Territorio y bienes comunes en disputa: extractivismo y extranjerización en la Argentina
Observatorio de Tierras.
Tercer Informe. Marzo 2026
Julieta Caggiano, Pablo Volkind, Matías Oberlin y Thomás Artopoulos
En medio del escándalo por los viajes del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y la estafa con la criptomoneda $LIBRA, el gobierno buscó retomar la ofensiva enviando un nuevo paquete de reformas normativas al Congreso. Se trata, entre otras, de la modificación de las leyes de Expropiaciones, de Tierras, de Fuegos y la regularización dominial para la integración sociourbana. Esto se suma a la avanzada que ya ha demostrado contra la Ley de Glaciares.
El debate actual en torno al intento de modificación de la Ley de Glaciares no es un hecho aislado. Se inscribe en una embestida más general sobre los marcos que regulan el uso, la propiedad y el control del territorio en la Argentina. En este contexto, la modificación o derogación de leyes clave —como la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego—, se propone profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero. Lo que está en juego no son normas aisladas, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país.
En continuidad con informes previos del Observatorio de Tierras sobre la extranjerización de la tierra en Argentina, se presenta aquí una actualización del mapa interactivo construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). Este trabajo fue ampliado mediante la incorporación de nuevas capas de datos públicos, lo que permite analizar de manera integrada la relación entre la propiedad de la tierra y otros procesos territoriales. A los datos de propiedad extranjera de la tierra (RNTR) y de la red de Parques Nacionales (PN), se suman actualmente las siguientes capas de información:
Glaciares y ambientes periglaciares (Fuente: Inventario Nacional de Glaciares – IANIGLA)
Comunidades indígenas relevadas (Fuente: Re.Na.Ci, Registro Nacional de Tierras Indígenas, relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160 que fue derogada por este gobierno)
Proyectos mineros, tanto en actividad como en proyección (Fuente: Cartera de Proyectos Mineros – SIACAM)
El cruce de datos: el mapa del observatorio como herramienta para el análisis de la disputa territorial
La superposición de estas capas permite visualizar cómo se combinan territorialmente distintos fenómenos que, de otro modo, resultarían difíciles de percibir. En particular, muestra que los espacios que concentran las principales reservas de agua dulce coinciden con zonas donde se intensifican las presiones extractivas y donde la presencia de capital extranjero adquiere mayor peso.
A modo de ejemplo, en el departamento de San Carlos (Salta), alrededor del 60% de la superficie rural se encuentra en manos extranjeras. En este territorio se localiza una zona con glaciares de escombros, fundamentales para la regulación de las cuencas hídricas de los valles intermontanos. Allí se registran además cuatro proyectos mineros previstos y la presencia de dos comunidades indígenas con el relevamiento culminado (y cuatro más cuyos trámites de relevamiento no fueron terminados al momento de derogación de la ley 26.160), configurando un espacio donde convergen intereses productivos, ambientales y comunitarios. Estos glaciares se ubican en el límite con el departamento de Cafayate, que presenta cerca del 23% de su superficie extranjerizada.
Una situación similar se observa en Tinogasta (Catamarca), donde cerca del 27% de la superficie rural está extranjerizada y el departamento concentra tres proyectos mineros en operación y seis previstos. Parte de estas iniciativas se ubican en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares, lo que introduce tensiones adicionales en torno a la gestión del agua y la protección de estos ecosistemas de alta montaña. En esta provincia, existen reiteradas denuncias de los pobladores de Andalgalá, de la comunidad originaria de los atacameños del altiplano y de los habitantes de Laguna Blanca, entre otros, que sufren la escasez y contaminación del agua por efecto de los emprendimientos mineros, situación que incluso ha sido reconocida por la propia Corte de Justicia de Catamarca.
En General Lamadrid (La Rioja), la superposición de estas dinámicas también resulta significativa: alrededor del 57% de la superficie rural está en manos extranjeras y existen seis proyectos mineros previstos, varios vinculados a capitales de origen canadiense, localizados en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.
En el departamento de Malargüe (Mendoza) encontramos una situación similar, con más de 600 mil hectáreas en manos extranjeras. Allí opera una empresa minera extranjera y, al momento de la elaboración de los datos públicos, se preveían 5 proyectos más (de extracción de uranio, potasio, oro, cobre, hierro). El gobernador Cornejo ha reconocido públicamente que actualmente superan la decena. Este territorio también posee más de 11 mil hectáreas de área glaciar, sobre la cual se ubica, por ejemplo, el proyecto de extracción de cobre controlado por la firma Wincul S.A. donde habitan un tercio de las comunidades indígenas a nivel provincial, seis de las cuales con el relevamiento del Re.Na.Ci concluido. Gran parte de dichas comunidades también lindan con la explotación de uranio que realiza la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corp.
Lejos de tratarse de casos aislados, estos ejemplos muestran un patrón de apropiación territorial en espacios estratégicos. Allí donde se localizan bienes comunes críticos como el agua, avanzan de manera simultánea proyectos extractivos, capitales transnacionales y procesos de concentración de la tierra, configurando escenarios donde la disputa por los recursos se traduce también en una pérdida efectiva de soberanía.
La cordillera andina constituye uno de los principales sistemas hídricos naturales del país, y es el espacio donde las problemáticas que revela esta superposición de capas se vuelven más evidentes. El Inventario Nacional de Glaciares identificó cerca de 17.000 cuerpos de hielo, distribuidos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, que alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen a casi el 20% de la población nacional. Sin embargo, las superficies glaciares y periglaciares representan apenas alrededor del 1% del territorio cordillerano. La información provista por IANIGLA permite mapear estos cuerpos de hielo con precisión.
Del mismo modo, como se ha señalado en informes anteriores del Observatorio, alrededor del 5% de la superficie rural argentina está en manos extranjeras. Ambos porcentajes pueden parecer reducidos en términos relativos, pero coinciden con los espacios donde se concentran recursos estratégicos: agua, biodiversidad, bosques, hidrocarburos, minerales y vías navegables. Pequeñas porciones de territorio cumplen así un papel desproporcionadamente relevante en la reproducción social y en el control de bienes comunes estratégicos.
El control de la tierra y las disputas por la renta y los bienes comunes
La extranjerización de la tierra no puede pensarse únicamente como un fenómeno económico o inmobiliario. Forma parte de procesos más amplios de apropiación y gestión de recursos estratégicos, en un contexto global marcado por la disputa por los recursos naturales, la concentración de la propiedad en pocas corporaciones internacionales y fuertes asimetrías de poder.
En este escenario, las transformaciones normativas recientes adquieren especial relevancia. La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742 en 2024, introduce un marco institucional que profundiza estas dinámicas. El régimen promueve la radicación de grandes proyectos —principalmente en sectores con potencialidades extractivas como la minería, la energía y el petróleo— mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, junto con esquemas de libre disponibilidad de divisas.
De este modo, no solo se intensifican las actividades extractivas en territorios estratégicos, sino que se habilita que una parte sustantiva de la renta generada no quede en el país, debilitando la captación estatal y la circulación interna de esa renta. Al exigir elevados montos mínimos de inversión, el RIGI se orienta principalmente a grandes capitales internacionales, reforzando procesos de concentración y extranjerización de la tierra en regiones donde se localizan bienes comunes críticos como el agua y los ecosistemas glaciares.
Al incorporar los proyectos mineros al análisis georreferenciado, el patrón se vuelve aún más evidente: en gran parte de la cordillera argentina se observa una presión extractiva creciente, particularmente vinculada a la minería metalífera de gran escala (oro, plata, cobre, litio). Muchos de estos proyectos se desarrollan en zonas de alta montaña donde se encuentran glaciares o ambientes periglaciares, espacios que cumplen funciones clave en la regulación y almacenamiento de agua. Este tipo de minería resulta especialmente crítico, ya que requiere grandes volúmenes de agua en territorios donde este recurso es escaso, afectando tanto a las comunidades locales como al desarrollo de producciones regionales.
En este contexto, la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares implicaría abandonar criterios científicos y homogéneos de protección a escala nacional, trasladando a los gobiernos provinciales la potestad de definir qué formaciones deben ser consideradas dentro del inventario. En territorios donde existen fuertes incentivos económicos para la explotación de estos recursos, esto podría dejar sin resguardo áreas estratégicas para la regulación hídrica, en perjuicio de las propias comunidades y economías locales
Estos territorios coinciden con espacios históricamente habitados por comunidades indígenas, lo que incorpora una dimensión socioambiental y de conflicto territorial a la discusión. A partir de la información del INAI, el mapa interactivo permite identificar la localización de estas comunidades y analizar su superposición con glaciares, cuencas hídricas, tierras extranjerizadas y proyectos extractivos, evidenciando tensiones entre proyectos económicos y derechos territoriales preexistentes. En la actualidad están abiertos un sinnúmero de conflictos entre comunidades indígenas que buscan mantener sus derechos sobre la tierra y empresarios nacionales y extranjeros que, apoyados por los gobiernos locales, utilizan todos los medios a su alcance para desplazarlos y apropiarse de sus espacios.
Lo que emerge, entonces, no es sólo un debate ambiental o productivo, sino un campo de tensiones territoriales donde se entrecruzan al menos cuatro procesos estructurales:
Disputa por recursos hídricos estratégicos.
Expansión de actividades extractivas de gran escala.
Creciente presencia de capital transnacional en el control de la tierra.
Conflictos territoriales vinculados a comunidades indígenas.
En muchos casos, los actores económicos involucrados forman parte de capitales monopolistas estrechamente vinculados a potencias imperialistas que atraviesan la disputa por los recursos estratégicos. Estas dinámicas generan tensiones en múltiples planos:
Defensa y soberanía, al involucrar zonas de frontera y el control de espacios estratégicos, cuerpos de agua y vías de acceso.
Planificación de políticas públicas, al concentrar recursos vitales para el desarrollo nacional.
Conflictos socioambientales y territoriales, que afectan a poblaciones locales y comunidades indígenas preexistentes, cuyos derechos y formas de vida se ven amenazados.
Desde esta perspectiva, la discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen.
Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta, entonces, es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan. En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios. Eso es lo que está sucediendo con las explotaciones en curso.
🗺️ Nuevo panel de datos del mapa de extranjerización
Este panel sintetiza, para cada departamento, la información construida a partir de la superposición de distintas capas del mapa interactivo.
Clave de lectura
La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes.
Dado que se trata de una herramienta que está en elaboración, todo comentario, orientación y precisión que puedan realizar quienes están en cada uno de los territorios -o en los organismos que construyen los datos- ayudará a precisar y afinar este instrumento.
Integran el Observatorio
Pablo Volkind
Matías Oberlin Molina
Julieta Caggiano
Thomás Artopoulos
Gabriela Elias
Micaela Medero Larrosa
Maia Sol Ilutovich
Anexo - Listado de departamentos/partidos por provincia que exceden el límite de la Ley de tierras
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