Por Julieta Caggiano y Matías Oberlin. Con la asunción de los nuevos diputados y senadores, y aprovechando el momento político de ofensiva, el gobierno anunció el envío de proyectos clave, entre ellos, la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (n° 26.737) de 2011. Para dimensionar lo que está en juego, es necesario revisar el contexto en que esta ley fue sancionada. Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusi...
